| Summary: | El progreso del constitucionalismo ha permitido la estructuración de procedimientos más democráticos, panorama que se ha visto reflejado en la categorización como derecho fundamental, del juicio justo y con él, el derecho a probar lícitamente. En Colombia, además, los procedimientos penales democráticos han estado asociados a profundas transformaciones constitucionales, pues las fórmulas incluidas a través de éstas a la Constitución Política y el reconocimiento de derecho fundamentales, han sido la base para culminar en un proceso penal más garantista y con amplio reconocimiento de derechos que inciden en la validez o no del juzgamiento y del dictamen final del juez fallador. El derecho fundamental a la prueba y, sobre todo, la evidencia “limpia”, “incontaminada”, en últimas lícita, son la traza que identifica la toxicidad o no del proceso penal. El proceso penal, sin duda alguna, tiene un alto contenido constitucional, por eso, la evolución en este terreno incide directamente en la forma como son investigados y enjuiciados los ciudadanos señalados por el Estado de subvertir la ley penal. El derecho a la prueba es una garantía judicial por constituir un medio jurídico idóneo para ejercitar el derecho al debido proceso reconocido en la Constitución; sin embargo, no es un derecho absoluto. El derecho a probar (lícitamente, obviamente) tiene como fuente el texto constitucional superior y los límites para su ejercicio son básicamente dos: el primero, exige seguir las formas que la Constitución y la ley exigen para recolectar y socializar la prueba o en últimas la manera como se garantiza la contradicción. Sin más, se trata de respetar el procedimiento fijado para el efecto. El segundo limite es de orden sustancial, valga precisarlo, la prueba a pesar de seguir la instrumentalidad recomendada por la ley, subvierte contenidos de orden sustancial que, sin duda alguna, trascienden al núcleo esencial del debido proceso o, dicho de manera más afín a éste trabajo, comprometen la garantía del juicio justo; tal situación se presenta cuando se admiten excepciones que permiten al Estado valerse de pruebas contaminadas para acusar y juzgar. La consecuencia a una tal manera de obrar, no puede ser otro que la aplicación de la famosa regla de exclusión, en el ordenamiento vigente, de forma no tan pura como se pretendeThe progress of constitutionalism has allowed the structuring of more democratic procedures, a panorama that has been reflected in categorization as a fundamental right, of fair trial and with it, the right to prove lawfully. In Colombia, moreover, democratic criminal procedures have been associated with profound constitutional transformations, since the formulas included through these to the Political Constitution and the recognition of fundamental rights, have been the basis to culminate in a more guarantee criminal process and with wide recognition of rights that affect the validity or otherwise of the judgment and the final judgment of the judge fault. The fundamental right to the test and, above all, the "clean", "uncontaminated" evidence, ultimately legal, are the trace that identifies the toxicity or not of the criminal process. The criminal process, without a doubt, has a high constitutional content, for that reason, the evolution in this area has a direct impact on the way in which the citizens designated by the State to subvert the criminal law are investigated and prosecuted. The right to evidence is a judicial guarantee because it constitutes a suitable legal means to exercise the right to due process recognized in the Constitution; however, it is not an absolute right. The right to prove (lawfully, obviously) is the source of the superior constitutional text and the limits for its exercise are basically two: the first, requires following the forms that the Constitution and the law require to collect and socialize the test or ultimately the how the contradiction is guaranteed. Without further ado, it is about respecting the procedure set for the purpose. The second limit is of a substantial order, it is worth specifying, the test despite following the instrumentality recommended by law, subverts substantial content that, without a doubt, transcend the essential core of due process or, said in a more akin to this work, compromise the guarantee of fair trial; such situation occurs when exceptions are allowed that allow the State to use contaminated evidence to accuse and judge. The consequence to such a way of acting, can not be other than the application of the famous rule of exclusion, in the current order, not as purely as intended
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