| Summary: | El objetivo general de la tesis doctoral es evaluar la implementación de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y las últimas reformas legislativas sobre las violencias contra las mujeres por razón de género, situándolas en la trayectoria legislativa y de los movimientos feministas en el Estado español.La trayectoria de respuesta pública frente a la violencia contra las mujeres se articula a través de cinco fases, cada una de las cuales se corresponde con un capítulo de la tesis: 1) Violencia institucional e invisibilizada durante la dictadura franquista (1939-1975); 2) La violencia contra las mujeres como cuestión pública (1975-1989); 3) Consolidación de la violencia doméstica frente a la violencia contra las mujeres (1990-2003); 4) La protección integral frente a la violencia de género (2004-2014) y 5) Líneas de superación de la Ley Integral hacia un derecho a una vida libre de violencia: avances y resistencias (desde 2004). La aprobación de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito y un importante avance en la respuesta legislativa frente a la violencia de género. Aunque generó el marco general de protección integral, son las leyes autonómicas en materia de violencia contra las mujeres las que dotan de contenido dicha protección integral. De ahí que el estudio de la LO 1/2004 y de su implementación se realice a través del análisis comparativo de las leyes específicas de Aragón y Cataluña. Lo que incluye el estudio comparado el desarrollo de derechos y en su caso la redefinición del derecho a la protección integral desde las leyes autonómicas. La última fase en la trayectoria de respuesta legislativa frente a la violencia contra las mujeres está caracterizada por la aparición y consolidación de diversas líneas de transformación que desbordan el derecho a la protección integral frente a la violencia de género de la LO 1/2004 y lo impulsan hacia el derecho a una vida libre de violencia.En esta última fase la dimensión internacional adquiere mayor fuerza en un doble sentido. Por un lado, porque se abre un nuevo ciclo de movilizaciones contra las violencias machistas a nivel global que se inicia en 2015 con el Ni una menos argentino y que podemos situar a nivel estatal en la Marcha del 7N contra las violencias machistas ese mismo año. Y, por otro lado, porque a nivel normativo en 2014 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, mismo año en que España lo ratifica. Es el primer instrumento vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y un hito para los derechos de las mujeres y la expansión de la noción de derechos humanos en el ámbito europeo. A su vez, supuso un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia contra las mujeres desde un enfoque victimocéntrico y articulando la respuesta y los derechos entorno a la estrategia 4P (prevención, protección, persecución y políticas integradas).Aunque la LO 1/2004 supuso un importante avance en la respuesta legislativa frente a la violencia de género; en su aplicación se han ido poniendo de relieve déficits aproximativos de la ley y problemas aplicativos que suponen obstáculos en el acceso efectivo al derecho de protección integral frente a la violencia.Tanto el pensamiento feminista, las movilizaciones, así como la normativa internacional han ido avanzando hacia un derecho a una vida libre de violencia que contemple las diferentes formas de violencia contra las mujeres desde una perspectiva interseccional, resultando la igualdad clave para la prevención y con una protección integral efectiva que requiere de mecanismos de garantía de la misma.Nuestro ordenamiento jurídico ha respondido de forma heterogénea a estas líneas de transformación, mientras que en la legislación autonómica en materia de violencia contra las mujeres, diversas leyes sí que han ido reformando preceptos en este sentido, la legislación estatal ofrece resistencias a incorporar medidas en esta dirección, tal y como muestran la LO 1/2015 y las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia en su revisión de la LO 1/2004 y respecto a otras formas de violencia. <br /
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